El 25 de Agosto de 1.924 Alfonso XIII firmaba en Santander un Real Decreto por el que autorizaba al gobierno para contratar con la Compañía Telefónica Nacional de España, la organizacion, reforma y ampliación del servicio telefonico nacional con arreglo a unas bases aprobadas. Cuatro dias mas tarde se formalizaba mediante escritura pública, ante notario madrileño Antonio Sirvent, el contrato entre el Estado, representado por el director general de comunicaciones.Las bases de contrato establecian que la compañia a medida que las necesidades del servicio lo exijia establecerian en toda la peninsula un amplio y homogéneo sistema telefónico urbano e interurbano, extendiendo sus servicios al resto del territorio nacional y al extranjero.
La valoración de las lineas y centros de propiedad del Estado quedaba fijada en 17,3 millones de pesetas
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